“El boom de la infraestructura se dio cuando se puso en marcha un programa de concesiones que permitió incorporar una gran cantidad de recursos privados y se sumó a los aumentos del presupuesto público dedicado a la infraestructura”, afirma Carlos Cruz, exministro de Obras Públicas (2000-2002) y secretario ejecutivo del Consejo de Políticas de Infraestructura, un organismo que reúne a especialistas, expresidentes y exfuncionarios del área para asesorar a los distintos Gobiernos. Cruz explica que el país pasó de invertir el 1,5% del PIB en los años ochenta a cerca del 3% a mediados de los dos mil.
En los años que siguieron se mantuvo el nivel de inversión pública, pero la privada se redujo en forma significativa. “La base de infraestructura tendió a deteriorarse y eso es lo que muestran distintos índices de competitividad, a pesar de que las inversiones comenzaron de a poco a reactivarse al final del primer mandato de Sebastián Piñera y durante el actual de Michelle Bachelet”, afirma el exministro. En el CPI estiman que el país debe aumentar la inversión del actual 2,5% del PIB al 3,5% para solucionar el déficit en unos 15 años. “La cartera actual de proyectos de transporte y riego es de unos 3.000 millones de dólares, en preparación o en proceso de licitación, y hay planes de distintas concesionarias para ampliar sus servicios que suman unos 2.000 millones”, detalla Cruz.
Sistema transparente
Distintos economistas y empresarios mencionan el retraso en la obra pública como uno de los “temas del país”. El presidente del banco de inversión Credicorp Chile, Guillermo Tagle, explica que el freno en este sector se produjo de forma abrupta en 2007 a raíz de un caso de financiación irregular de la política por parte de algunas empresas, que registraban los aportes a políticos como gastos para pagar menos impuestos. “Nunca hubo en Chile cuestionamientos a la forma en que se adjudicaban las obras, pero fue un escándalo y el Gobierno decidió parar y revisar todo”, explica Tagle, que diferencia el caso chileno de lo que ha ocurrido en otros países de la región a raíz de Lava Jato. “El único país en donde Odebrecht no hizo negocios es Chile, y creo que fue porque su modelo de sobornar funcionarios para ganar licitaciones aquí no funcionó”, afirma.
Un informe del CPI precisa que Chile tiene 5,6 kilómetros lineales de carreteras pavimentadas por cada 100 kilómetros cuadrados de territorio, solo por detrás de México en América Latina, que tiene un 30% más. Pero si se compara con el promedio de la OCDE, de 102,5 km, el país sudamericano tiene una densidad de caminos asfaltados 18 veces menor.
En materia portuaria, Chile está entre los más avanzados de América Latina y el Caribe, pero hay indicadores que preocupan a los especialistas. Una evaluación del Logistics Performance Index (LPI) del Banco Mundial registra que, en los últimos 10 años, la calidad de la infraestructura para el comercio y el transporte en Chile ha bajado del lugar 34º del mundo al 63º.